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    Resolución 463/09

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    Soldevilam
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    Resolución 463/09

    Mensaje  Soldevilam el Dom Sep 19, 2010 9:18 pm

    Resolución 463/09: Un recorrido histórico que explica sus consecuencias


    El Estado, como una de sus funciones debe accionar en el marco de la actividad económica, y esto conlleva a ejercer un rol importante en materia de seguridad, higiene y ambiente, orientado hacia las mejoras de las condiciones de trabajo y, a la protección del medio ambiente circundante. Pero ello no inhibe a que cada vez se profundicen mas los controles horizontales efectuados por empresas, corporaciones, empleados, obreros, consultoras , profesionales, entidades certificadoras etc. etc. que logran no solo colaborar con la autoridad de aplicación sino incluso alcanzar una mayor incidencia y efectividad que el accionar estatal incentivando a las empresas a invertir en prevención y, a los obreros y empleados a participar en ella.-.

    No siempre fue así. A lo largo del Siglo XIX y comienzos del XX, estos conceptos o categorías relacionadas con las condiciones adecuadas de trabajo no estaban culturalmente arraigados ni en empresarios ni en los mismos empleados. Es así que los riesgos eran asumidos en forma solidaria entre empleador y empleado, el primero poniendo en juego su capital y el segundo su integridad personal. Cabe destacar que, en un gran número de casos, los empleadores trabajaban codo a codo con sus empleados, compartiendo el riesgo. Esto ocurría y en ocasiones sigue ocurriendo en los talleres y pequeñas empresas en formación.

    A comienzos del Siglo XX, primero en Europa y, con el avance de la inmigración, en nuestro país, se produjo un continuo desarrollo de la actividad sindical y un avance sostenido de la legislación laboral. Esto derivó en la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores y el acceso de los mismos a condiciones de conocimiento y educación hasta ese momento fuera de su alcance.-.

    Este cambio cultural fue especialmente fuerte en la Argentina que contó en su momento con una legislación laboral de avanzada y sindicatos con un gran poder político.

    Sin embargo estas conquistas gremiales se basaban en cuestiones salariales y sociales como el descanso, las vacaciones o el aguinaldo, pero poco decían acerca de garantizar las condiciones de higiene y seguridad en el ámbito laboral.

    Recién en 1972 se sanciona la ley 19587 y en 1979 su Decreto reglamentario y, es ahí donde por primera vez se establecen obligaciones concretas por parte del empleador a través de medidas específicas asociadas a cada riesgo laboral así como también mediciones de control y, necesidades de capacitación y utilización de equipos de protección personal. También se estableció la obligatoriedad de contar con un responsable de Seguridad e Higiene y otro en Medicina del Trabajo.

    Estas obligaciones fueron tomadas en principio como un simple aumento de los costos labores sin visualizarse a priori beneficios de contraprestación. Sin embargo el objetivo de la norma era propender a la disminución de la siniestralidad y las enfermedades profesionales y establecer un mecanismo concreto de asignación de responsabilidades.

    La mayor parte de los empresarios argentinos no modificó su forma de trabajar. Esto provocó que los empleados, ahora protegidos legalmente, pudieran acreditar más fácilmente el incumplimiento patronal, provocando un crecimiento de los juicios laborales y de indemnizaciones.

    Justo es decir que también se desarrolló, con la connivencia de algunos abogados y jueces corruptos, una verdadera “industria del juicio” un mecanismo perverso de “inflado” de indemnizaciones y honorarios o simplemente el invento de enfermedades profesionales o incapacidades.

    Algunas empresas entendieron que la única forma de salir de esta encerrona era hacia delante y comenzaron a implementar sistemas de gestión. Hoy es posible incluso certificar estos sistemas de manera de lograr un reconocimiento hacia fuera de la empresa y transformarlos incluso en una herramienta de marketing. Esto en un principio estuvo reservado a un nivel reducido de empresas, pero el universo se fue ampliando cada vez más.

    La Ley 24557 de Riesgos del Trabajo (LRT) buscó, con la incorporación de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), disminuir los costos laborales realizando prevención a través de controles realizados por estas compañías con el criterio de que la alícuota funcionara como una especie de “scoring” en donde la prima debería depender de los riesgos asumidos por la aseguradora.

    A su vez la creación de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) permitió que, a través de resoluciones se pudieran actualizar en forma ágil las medidas de seguridad exigibles sin tener que recurrir a decretos o bien a modificaciones de la Ley. Por otra parte este Organismo debería funcionar como fiscalizador de la actividad de las ART.

    Si bien el sistema parecía coherente, en los hechos, las visitas de las ART a las empresas son muy pocas y, en algunos casos, inexistentes, esto es debido a que la feroz competencia llevó a utilizar las alícuotas como variable de ajuste provocando para disminuir los costos la minimización de las prestaciones. En este sentido el papel fiscalizador de la SRT sólo se limita a acciones reactivas en los casos en que existen denuncias o siniestros graves.

    Por otro lado, las indemnizaciones previstas por la ley y sus sucesivas modificaciones no son para nada suficientes, lo que hace que los damnificados acciones igualmente ante la justicia civil.

    Para facilitar su tarea fiscalizadora, la SRT dictó la Resolución 463/09 por la cual los empleadores deben declarar bajo juramento con la firma de su responsable de seguridad e higiene al inicio del contrato o a la renovación del mismo, su situación respecto a cada uno de los riesgos inherentes a su empresa, sus medidas de prevención y, en caso de no cumplir con la normativa vigente, establecer un cronograma de correcciones de estricto cumplimiento. Esta declaración debe ser refrendada por la ART y presentada en la SRT.

    Esperamos realmente que este mecanismo sea efectivo aunque ya estamos viendo algunos ejemplos de empresas que mienten en sus declaraciones juradas con la anuencia de las ART o, peor aún, profesionales que firman “a ciegas”, asumiendo una responsabilidad muy grande poniendo en riesgo su título o su matrícula. Las ART tampoco van a poder eludir el cumplimiento de sus compromisos contractuales – Un caso típico es el no cumplimiento por parte de las mismas de los exámenes periódicos -, o la autorización de vuelta al trabajo de obreros para “tareas livianas”, recargando la responsabilidad en las empresas y, eludiendo su obligación.-

    A nuestro entender no podemos esperar que la SRT, la ART una Ley o una Resolución nos resuelvan los problemas. Se debe entender que la seguridad es una inversión. Invirtiendo recursos en seguridad de forma planificada, se disminuirá la siniestralidad y las enfermedades profesionales y por consiguiente, se pagarán menos indemnizaciones y se perderán menos jornadas de trabajo.

    Podemos y debemos pedirle al Estado que controle y a nuestros profesionales que nos asesoren, pero nada de eso será suficiente si no entendemos que el verdadero cambio es cultural, de empleadores, empleados, sindicatos y el estado.

    El recorrido histórico que realizamos en este artículo es un viaje de ida en un tren al que los empleadores tienen que subir no porque el estado los controle sino porque las propias exigencias del mercado a través de los controles ejercidos por sus propios clientes harán que un día no tengan a quien vender sus productos.

    Ref: Fabián Valentinuzzi
    estrucplan consultora

    Atheln consultora sunny

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