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    Daño moral: trabajó dos años, cobraba $2.000 y fue indemnizada con $125.000

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    Daño moral: trabajó dos años, cobraba $2.000 y fue indemnizada con $125.000

    Mensaje  Admin el Mar Mar 30, 2010 8:18 am

    Las causas sobre acoso psicológico y moral o mobbing son consideradas como de las más complejas de resolución para los magistrados, especialmente si son varias las empresas involucradas en los reclamos judiciales.

    Una reciente sentencia, a la que tuvo acceso iProfesional.com, es un claro ejemplo de ello. En esta oportunidad, la Justicia dispuso condenar solidariamente a un grupo de compañías por daño moral y daño psíquico, en virtud del reclamo de una empleada que adujo ser sometida a una constante rotación de sucursales donde trabajaba y víctima de una sistemática comunicación hostil de parte de su supervisora.

    Lo curioso del caso fue que sólo cobraba poco más de $2.000 y que habiendo trabajado no más de dos años terminó recibiendo casi $125.000 en concepto de indemnización por despido y resarcimiento por otros daños. Fallos como éste disparan una señal de alerta entre los empresarios que ven cómo se afirma la tendencia de que los jueces fallen en contra de las firmas.

    Y se torna más complicado aún cuando se trata de grupos de empresas donde el control sobre las relaciones entre un jefe y su subordinado parece casi ajeno en tanto las tareas no se ejecuten en el seno de la principal compañía querellada. Es en este marco donde cobra relevancia adoptar medidas para evitar y, en última instancia, hacer frente a los reclamos de los dependientes a fin de no verse en situación de tener que costear, a futuro, fuertes indemnizaciones.

    Hay que destacar que el mobbing no está regulado en el derecho argentino. Por ese motivo, cuando los jueces reciben este tipo de causas, existe el riesgo de que apliquen un excesivo rigorismo al momento de evaluar el trato jerárquico, encuadrando bajo esta figura situaciones en las que, en realidad, se trataba de simples directivas dentro de las relaciones laborales habituales.


    Acoso piscológico y moral
    En esta oportunidad, la empleada se desempeñaba como vendedora de servicios de una empresa de medicina prepaga. En un determinado momento, ante los presuntos maltratos que sufría de parte de su supervisora y el constante cambio de sucursales al que fue sometida, decidió considerarse despedida.

    Al poco tiempo, se presentó en los tribunales para reclamar las indemnizaciones respectivas, como así también un resarcimiento por daño psicológico y moral.

    Vale aclarar que la relación laboral había durado poco menos de dos años y, durante ese período, había recibido un sueldo promedio de poco más de $2.000.

    En su presentación inicial, la empleada dijo que nunca le pagaron las comisiones de convenio y que, además, vendía servicios para otras dos compañías del mismo rubro. Entre sus argumentos, sostuvo que las firmas actuaban como un grupo económico -en el cual una de ellas, que no figuraba como su empleadora, tenía el control accionario de las demás-. Y pidió que las mismas respondieran de manera solidaria.

    Sus argumentos se centraron en los mencionados cambios de sucursales y los tratos peyorativos de una superior que derivaron en un estrés psicológico con licencia por enfermedad e incapacidad.

    En la sentencia de primera instancia se rechazó en lo sustancial el reclamo indemnizatorio porque el juez no consideró demostrados ninguno de las hechos que la empleada consideró para decidir dar por disuelto el vínculo laboral.

    En consecuencia, se presentó ante la Cámara laboral para apelar el fallo. En este escenario, los camaristas indicaron que la dependiente pidió que se regularice su situación mientras el vínculo estaba vigente y que había solicitado el cese de las situaciones discriminatorias sobre su persona "porque afectaban su estado de salud".

    También afirmaron que las tres firmas le encomendaban tareas a la dependiente y se beneficiaban con su prestación, ya que captaba afiliados para todas ellas.

    Otro punto clave fue que los camaristas aplicaron el principio de “primacía de la realidad” –que a grandes rasgos implica que los jueces tienen en cuenta la verdadera relación, más allá del nombre que las partes pretendan otorgarle-.

    En ese sentido, destacaron que “la empleada cumplía tareas de manera indistinta para cualquiera de las codemandadas debiendo acatar las directivas de todas ellas, estando esas empresas relacionadas de tal manera que toda la facturación se concentraba en la sede de una de ellas” lo que demuestra la existencia de un grupo económico.

    Hay que destacar que el artículo 31 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que “…siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, serán ...solidariamente responsables, cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria”.

    Los magistrados también dijeron que, en lo atinente a la legitimidad del despido indirecto en que se situó la trabajadora, en lo que respecta al estrés laboral, “se infiere la inacción de las empresas demandadas” para modificar esa situación.

    En ese escenario, por las consideraciones señaladas, los jueces hicieron lugar al rubro de "daño psíquico" reclamado por $36.000.

    Por otro lado, la empleada también debía ser resarcida por "daño moral" habida cuenta de que se comprobó la existencia de mobbing.

    De acuerdo a los camaristas, “el daño moral sólo procede en aquellos casos en que el empleador ha incurrido en comportamientos que, con independencia de todo vínculo contractual entre las partes, constituye un ilícito civil". Por consiguiente fijaron el importe de este rubro en $45.000.

    En consecuencia, por todos los argumentos mencionados, los jueces modificaron parcialmente la sentencia apelada e incrementaron el monto de condena a la suma de $124.979. Para ver el fallo completo, haga click aquí

    Necesidad de una ley
    Ricardo Foglia, director del departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad Austral explicó que el mobbing o acoso psicológico y moral “es la hostilidad laboral ejercida contra un trabajador determinado, sea por su jefe o compañeros y hasta inclusive por subordinados, con la finalidad que la víctima se retiere de la empresa o acepte condiciones de labor desfavorables”.

    Por otra parte, Agustín M. Albornoz, abogado del estudio Gallo & Asociados, aclaró que a través de esta sentencia "hay un nuevo engrosamiento de la responsabilidad solidaria”.

    Según el experto, “para la LCT sólo hay solidaridad por maniobras fraudulentas o conducción temeraria, mientras que la sala VII agrega un nuevo elemento: ser accionista dominante”.

    Por este motivo, concluyó que “una vez más, el manto de sospecha, el indicio de prosperidad y la vinculación societaria son fundamento de una condena solidaria".

    Finalmente, la especialista Andrea Mac Donald, afirmó que es necesaria una ley que distinga cuáles son las conductas que tipifican al mobbing o acoso moral y cuáles no, a los fines de no caer en confusión con otras figuras como el burn out, el estrés laboral o el acoso sexual entre otras.

    “Existe la posibilidad que el mobbing pueda ser reglamentado a través de una ley en el futuro, cuya finalidad será erradicar de manera definitiva al fenómeno teniendo en cuenta las políticas de prevención que deberán adoptar las empresas evitando costos económicos y sociales”, destacó la especialista.

    Sebastián Albornos
    © iProfesional.com

      Fecha y hora actual: Jue Dic 08, 2016 4:52 am