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    La extensión de la tutela sindical

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    La extensión de la tutela sindical

    Mensaje  Admin el Mar Feb 23, 2010 8:45 am

    La posición del trabajador que desempeña cargos de representación sindical se encuentra particularmente expuesta por el rol que ejerce en las relaciones entre el sector de los trabajadores y el empresario. Sea que la función se ejerza en el sindicato o en la empresa, el representante sindical está sujeto a los vaivenes del conflicto que se articula en la relación de intereses objetivamente opuestos. Es necesario dotarlo de una intensa protección normativa que preserve la posibilidad del ejercicio pleno de su función y la subsistencia del contrato de trabajo en condiciones en las que el deseo de ponerle fin aparece con frecuencia en la otra parte de la relación laboral y se exacerba en supuestos de agudización del conflicto laboral. Nuestra Constitución nacional dispone que "Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo" (CN, artículo 14 bis).


    La Ley de asociaciones sindicales ha regulado la protección del representante sindical y establece una forma particular de la estabilidad que ampara a los trabajadores que ejercen esa función. La norma dispone que "los trabajadores que, por ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, en organismos que requieran representación gremial, o en cargos políticos en los poderes públicos, dejaran de prestar servicios, tendrán derecho a gozar de licencia automática sin goce de haberes, a la reserva del puesto y ser reincorporados al finalizar el ejercicio de sus funciones, no pudiendo ser despedidos durante el término de un año a partir de la cesación de sus mandatos, salvo que mediare justa causa de despido." Y agrega que "Los representantes sindicales en la empresa elegidos de conformidad con lo establecido en el art. 41 de la presente ley continuarán prestando servicios y no podrán ser suspendidos, modificadas sus condiciones de trabajo, ni despedidos durante el tiempo que dure el ejercicio de sus mandatos y hasta un año más, salvo que mediare justa causa" (Ley 23551, artículo 48) La norma completa la articulación de la garantía al disponer que "los trabajadores amparados por las garantías previstas en los artículos 40, 48 y 50 de la presente ley, no podrán ser despedidos, suspendidos ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía, conforme al procedimiento establecido en el artículo 47" (Ley 23551, artículo 52) Esta norma agrega que la violación por parte del empleador de las garantías establecidas en los artículos citados dará derecho al afectado a demandar judicialmente, por vía sumarísima, la reinstalación en su puesto, con más los salarios caídos durante la tramitación judicial, o el restablecimiento de las condiciones de trabajo (Ley 23551, artículo 52).

    En consecuencia, el empleador que quiera despedir con una causa justificada al representante gremial, deberá demandar el dictado de la resolución judicial que lo excluya de la tutela legal para poder concretar el despido, que de lo contrario resultará nulo, sin perjuicio de la posibilidad de que el propio trabajador convalide el acto al optar por considerar extinguido el vínculo laboral por la decisión del empleador, colocándose en situación de despido indirecto, en cuyo caso, tendrá derecho a percibir, además de las indemnizaciones por despido, una indemnización especial que la ley determina en el equivalente al importe de las remuneraciones que le hubieran correspondido durante el tiempo faltante del mandato y el año de estabilidad posterior (Ley citada, artículo 52) El requisito de la resolución judicial previa debe ser cumplido también en los supuestos de aplicación de una suspensión o la modificación de las condiciones de trabajo.

    La protección dispuesta por la norma se concede a los trabajadores cuya designación se haya efectuado cumpliendo con los recaudos legales y que haya sido comunicada al empleador, mediante telegrama o carta documento u otra forma escrita (Ley citada, artículo 49).

    En la doctrina se ha considerado que el modelo argentino de organización sindical, asentado en la preeminencia del sindicato más representativo, al que se concede "personería gremial", "en tanto garantiza la libertad de afiliación y la autonomía sindical, constituye una reglamentación admisible de los principios de libertad y democracia gremial" por lo que "no es objetable constitucionalmente el criterio del legislador de restringir la cobertura sólo a los directivos o representantes de las asociaciones con personería gremial" (Scotti, Héctor Jorge. "La protección de la actividad gremial" en Derecho Colectivo del Trabajo, Bs.As., La Ley, 1998, p. 376).

    Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha aplicado un criterio diverso al decidir la inconstitucionalidad de una norma de la ley de asociaciones sindicales, en su fallo del 9/12/09 dictado en los autos "Rossi, Adriana María c/ Estado Nacional, Armada Argentina".

    El caso

    La actora reclamó que fuera dejada sin efecto una sanción disciplinaria de suspensión y el cambio de lugar de tareas que su empleadora, la Armada Argentina, le había impuesto sin contar una autorización judicial previa. Invocó su carácter de presidenta de la Asociación de Profesionales de la Salud del Hospital Naval (PROSANA) que es una entidad sindical de primer grado simplemente inscripta, y su condición de miembro titular del Consejo Federal de la Federación Médica Gremial de la Capital Federal (FEMECA) que es una federación con personería gremial a la que estaba afiliada PROSANA. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala II, rechazó la pretensión de la actora, pues consideró que no podía aplicarse la tutela sindical establecida por el artículo 52 de la Ley 23551 en el marco de una entidad (PROSANA) que se ve desplazada en la representación del personal por otra que posee la personería gremial (en el caso, la Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA) También resultaba desplazada FEMECA como federación de entidades sindicales, pues no se configuraba el supuesto previsto por el artículo 35 de la ley de asociaciones sindicales ya que había una asociación con personería gremial. En su apelación extraordinaria, la actora invocó que la interpretación del artículo 52 de la Ley 23551 realizada por la Cámara era incompatible con los derechos reconocidos por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y por diversos tratados internacionales.

    Para el tratamiento de la apelación, la Corte estableció dos premisas. En principio, recordó la doctrina constitucional que expuso en su fallo del 11/11/2008 en el caso "Asociación de Trabajadores del Estado c/ Ministerio de Trabajo" (Fallos 331: 2499) en el que sostuvo que la libertad sindical es un principio arquitectónico que sostiene e impone la Constitución Nacional en su artículo 14 bis y diversos tratados y pactos internacionales que mencionó. En esa oportunidad, el Tribunal entendió que el artículo 41 inciso a) de la Ley 23551 era inconstitucional, en la medida que concedía a los sindicatos con personería gremial, "privilegios que excedían de una prioridad en materia de negociaciones colectivas, en la consulta por las autoridades y en la designación de delegados ante los organismos internacionales, en detrimento de la actividad de los sindicatos simplemente inscriptos que compartían con aquéllos, total o parcialmente, el mismo ámbito de actuación." En segundo término consideró que, como surge del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, "la libertad sindical debe estar rodeada, como atributo intrínseco o inherente para el logro de su ejercicio cabal y fecundo, de un particular marco de protección de los representantes gremiales" , que se trata de una proyección del principio protectorio del trabajo y del trabajador hacia el universo de las relaciones colectivas laborales, y que no defiende a los representantes gremiales solamente ante acciones u omisiones del Estado que fueran violatorias de la libertad sindical, sino también respecto de acciones u omisiones de ese tipo que provengan de particulares o actores no estatales, como en el caso de los empleadores privados (considerandos 3° y 4°).

    En virtud de esas premisas, la Corte consideró que al limitar a los representantes gremiales de los sindicatos con personería gremial los alcances de la protección prevista en el artículo 52 de la Ley 23551, el legislador ha violentado la esfera en la que puede válidamente dispensar determinados privilegios a las asociaciones más representativas, pues esa distinción constriñe a los trabajadores individualmente considerados que se dispongan a actuar como representantes gremiales, a adherirse a la entidad con personería gremial, aunque exista en el mismo ámbito otra simplemente inscripta. La situación es análoga para los trabajadores que deseen afiliarse y ser representados sindicalmente. El distingo también ataca la libertad de los sindicatos simplemente inscriptos y la de sus representantes, al darles menor protección que si se tratara de asociaciones con personería gremial, en un terreno de la actividad sindical que también es propio de aquéllos y en el que por lo tanto no se admiten privilegios (considerando 5°).

    La Corte también recordó que el Convenio Nro. 87 de la O.I.T. obliga al Estado a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores el libre ejercicio del derecho de sindicación (art. 11) y que según el criterio de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, que ejerce el control regular de la observancia por los Estados Miembros de las obligaciones derivadas de los convenios que han ratificado, no obstante la tutela general prevista por el artículo 47 de la Ley 23551, los artículos 48 y 52 de esa ley establecen un trato de favor a los representantes de las organizaciones con personería gremial en caso de discriminación antisindical que excede de los privilegios que pueden otorgarse a las organizaciones más representativas, consistentes en una "prioridad en materia de representación en las negociaciones colectivas, en la consulta por las autoridades y en la designación de los delegados ante los organismos internacionales" y que ya en 1989 con motivo de la promulgación de la ley 23551 la Comisión había individualizado, entre las disposiciones que no estaban en conformidad al Convenio nro. 87 a los citados artículos 48 y 52 (considerando 6°).

    Que en consecuencia la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 52 de la Ley 23551, en la medida que excluye a la actora del goce de la tutela otorgada por este artículo a los representantes de asociaciones con personería gremial , por ser presidenta de una asociación sindical que si bien comprende en su ámbito a la relación de trabajo de la actora, tiene el carácter de simplemente inscripta y existe otro sindicato con personería gremial, por lo que revocó la sentencia apelada y mandó devolver la causa al tribunal que correspondiera para que dictara un nuevo fallo con arreglo al de la Corte.

    Conclusión

    El fallo mencionado tendrá consecuencias significativas en la evolución de las relaciones laborales en la República Argentina. Entre otros efectos, la extensión de la tutela sindical a trabajadores que ocupan cargos directivos en asociaciones sindicales que tienen inscripción pero carecen de personería gremial implica un escenario de mayor complejidad para los empleadores. Nuestro sistema normativo había recibido objeciones reiteradas relativas a su compatibilidad con el Convenio nro. 87 de la O.I.T. pues se admitía que si bien el reconocimiento de ciertas ventajas a la organización más representativa no era incompatible con el convenio, la atribución a la asociación con personería gremial de derechos exclusivos o privilegios que excedieran de ciertos límites vulneraba esa compatiblidad. Así, el Comité de Libertad Sindical de la O.I.T. había entendido que era necesario "que la distinción no tenga como consecuencia conceder a las organizaciones más representativas privilegios que excedan de una prioridad en materia de representación en las negociaciones colectivas, consultas con los gobiernos, o incluso en materia de designación de los delegados ante los organismos internacionales" y que la distinción "no debería privar a las organizaciones sindicales, que no hayan sido reconocidas como las más representativas, de los medios esenciales para defender los intereses de sus miembros, ni del derecho de organizar su gestión y su actividad y de formular su programa de acción previsto por el Convenio nro. 87 de la O.I.T." (citado en el considerando 8° del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado el 11 de noviembre de 2008 en los autos "Asociación de Trabajadores del Estado c/ Ministerio de Trabajo" ) No obstante, la jurisprudencia había decidido, de acuerdo con la legislación vigente, que únicamente tienen la estabilidad dispuesta por el artículo 48 de la Ley 23551, los trabajadores que ocuparan cargos electivos o representativos en las asociaciones sindicales con personería gremial (SCBA, 13/05/93, "Cabrera, Raúl c/ El Eco de Tandil S.R.L.", SCBA, 1/08/95, "Caramelli, Carlos c/ Ormas S.A.I.C.I.C, SCBA, 11/02/97, "Yaru, Néstor Omar c/ Cooperativa Agrícola Ganadera "La Defensa" Ltda) Las proyecciones del fallo de la Corte en las relaciones laborales, se podrán evaluar ponderando los hechos significativos que expresen la acción gremial en lo sucesivo, pero ciertamente se puede apreciar que este fallo dictado en la causa "Rossi" como su precedente de noviembre de 2008 en "Asociación de Trabajadores del estado c/ Ministerio de Trabajo" crea un entorno más propicio a la actuación de organizaciones que no están encuadradas en el ámbito de los sindicatos con personería gremial y abre así una brecha en el entramado del modelo sindical argentino.

    El Dr. Enrique Caviglia es Abogado, asesor en temas laborales de ARIZMENDI

      Fecha y hora actual: Vie Oct 31, 2014 3:01 am